Luis Daniel Córdova
Paolo Guerrero volvió a ganarle en tribunales a Flamengo. El club de Río de Janeiro buscaba que el delantero peruano le devolviera 1.8 millones de reales correspondientes a los derechos de imagen que recibió durante el periodo que estuvo en la institución, pero no pudo jugar por suspensión tras el doping positivo a finales del 2017.
Estos 1.8 millones de reales –alrededor 1.1 millones de soles– cubrieron los 120 días en los que Flamengo no pudo alinear a Paolo Guerrero por la suspensión que le interpuso la FIFA, a raíz del doping positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Esta demanda tuvo su primera sentencia en junio del 2023, también con una victoria para el delantero de 41 años.
Aquella vez, la jueza Françoise Picot Cully, del 9º Juzgado Civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, determinó que la denuncia del ‘Mengão’ no tenía fundamentos sólidos y la desestimó, estableciendo la condena del pago del 10 % de los honorarios legales del proceso, alrededor de 180 mil reales brasileños. Así, Paolo salió ganador en esta primera parte de la disputa.
Luego Flamengo apeló esta decisión de Picot Cully, esperando la devolución del dinero por parte de Guerrero. Sin embargo, el último martes, el juez Alessandro Oliveira Felix desestimó esta apelación y ajustó el valor de los honorarios por pagar al 15 %, es decir, 270 mil reales. Esto quiere decir que, en su intento por recuperar algo de dinero, el conjunto brasileño terminó perdiendo más ante esta segunda instancia.
Recordemos que en cuando Paolo Guerrero tuvo que afrontar el doping positivo en el 2017, Flamengo le brindó todo su apoyo y lo respaldó públicamente, cumpliendo con su contrato hasta mediados del 2018, cuando el delantero terminó fichando por el Inter de Porto Alegre tras el Mundial de Rusia. Así pues, Oliveira Felix utilizó este argumento para contradecir la postura del ‘Mengão’.
“Es irrazonable que ahora el club, en una actitud diametralmente opuesta al acto de apoyo público demostrado a favor del jugador en el momento del incidente, exija la restitución o indemnización por daños y perjuicios, bajo el alegato de una conducta contraria a la probidad, la moral y las buenas costumbres, que va en contra de los principios de lealtad contractual, buena fe y seguridad jurídica”, explicó el juez sobre sentencia.